Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
Editorial de esta semana: SOMOS, TENIÉNDONOS A CADA UNA ...Nos tenemos. Nos tenemos y esa debe ser nuestra bandera y nuestra lucha. Tenernos entre nosotras, decimos desde el feminismo y eso es lo que nos hace seguir adelante; levantarnos desde el abajo mismísimo, para armarnos siempre en el abrazo junto a la otra. ... leer la editorial completa ....

miércoles, 15 de noviembre de 2017

COMUNICAR NO ES INTIMIDAR

(RedEco).- Este martes 21 de noviembre a las 11:15 se va a realizar la audiencia de Apelación ante la Cámara Federal para presentar las pruebas que contradicen la decisión del juez federal Martínez Di Giorgi de procesar, bajo los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, a 22 de lxs detenidxs durante la represión del 1 de septiembre cuando se realizaba la marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Red Eco Alternativo

(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires –En el escrito de Apelación, presentado a principios de este mes, lxs abogadxs defensores de lxs detenidxs afirmaron que tanto el procesamiento decidido por el Juez, cómo el dictado de embargo comprometen “principios elementales que hacen al debido proceso, la defensa en juicio y garantías de raigambre constitucional”.

“Es flagrante la irrazonabilidad del auto que recurrimos, que se expresa en la ausencia de toda congruencia entre la descripción de las conductas reprochadas a nuestros defendidos y las graves calificaciones legales utilizadas para subsumirlas”, afirman en el escrito.

Lxs abogadxs piden la Nulidad de las actas de detención e indagatorias: “Es necesario señalar que en el acto de las indagatorias ha quedado palmariamente demostrada la falsedad de las actas de detención, instrumentos en los que arbitrariamente y sin otro apoyo, como el propio magistrado lo admite en la carilla 14 del auto impugnado, se fundó la imputación originaria.”

Solicitan además la Quita de Embargos fijados junto al procesamiento por cifras entre $1.000.000 y $5.000.000 o $3.000.000 (“encontramos que, en varios casos, se indica una cifra en números $5.000.000 y otra en letras tres millones de pesos”) afirman que “el monto fijado en el procesamiento resulta excesivo, desproporcional e irrazonable” (…) “desconoce cuál es la actual situación económica de nuestros asistidos. A su vez ignora las consecuencias gravosas que puede traer aparejada esta medida cautelar para aquellos”.

Piden el Sobreseimiento al asegurar que “No hay correlación alguna entre los tipos penales escogitados y las conductas que se describen. La verificación de la total incongruencia entre los elementos de cargo con las conclusiones que el magistrado extrae discrecional y arbitrariamente de ellos impone se revoque el auto apelado en cuanto es materia de agravio, decretándose el sobreseimiento de nuestros defendidos”.

Finalmente, se reservan el derecho para recurrir (apelar) a Casación y en la Corte Suprema en caso que la Cámara Federal ratifique la decisión del juez.

Detallamos algunos elementos respecto al accionar policial y judicial que aportan para fundamentar con más fuerza aún el pedido de sobreseimiento

Procedimiento policial:

● En el armado de las actas, hay abuso del uso de las caratulas. Los hechos están mal descritos. Se ven discrepancias entre lo que declaran sobre unxs y sobre otrxs. Pareciera que los confunden. Hay errores en las circunstancias de detención, lugar, horario. Ejemplo: de los primeros 7 imputados 5 de ellos tienen situaciones bien diferentes acreditadas en el mismo auto de procesamiento: Medone y Mourenza porque fueron detenidos en otras circunstancias de tiempo y lugar, Morales y Soliz porque están con falta de mérito al no poder ser identificados en el lugar, Marín Castro porque fue sobreseído expresamente diciendo que no estaba en el sitio ni estaba haciendo lo que dice.

● Existe la declaración de un policía que dice que se secuestró un cuaderno con el dibujo de las vallas. No dice a quién, ni cuando, ni dónde.

● Abuso policial: Hubo detenidas que fueron sometidas a desvestirse de formas que no tenían que ver con el procedimiento. También hubo amenazas en el momento en que fueron trasladadxs lxs detenidxs. “Van a ser los próximos Santiago Maldonado”
Procedimiento judicial

● Insistencia en hacer parecer que estaban todxs juntxs y organizadxs: En la declaración, el policía Marchak intenta decir que porque estaban todxs de negro había connivencia. Lo cual se contrapone con el hecho de que a lo largo del procesamiento el juez sostiene lo del cambio de apariencias y en todos los casos describen ropa multicolor.

● Intento de hacer pasar el hecho de que tengan los contactos telefónicos, como connivencia cuando hay declaraciones que dicen que se pasaron los teléfonos arriba del camión una vez ya detenidxs.

● Se expresa que una cosa es cuando los fotografían en la calle y otra cuando están en la comisaría, como si se hubieran cambiado el aspecto conspirativamente sin tener en cuenta el tiempo que pasó entre que los detuvieron y fotografiaron, lapso en el cual se cambiaron la ropa cuando se higienizaron. De alguno de ellxs la causa dice que tenía camisa a cuadros y morral pero en la comisaría solo tenía una remera blanca, cuando entre las cosas que le incautan cuando lo detienen están la camisa y el morral; o que tenían puesta una campera en la calle y en la comisaría una musculosa.

● Descripción vaga de las situaciones de detención o de la razón de la misma. Son muchos los casos como Pastan, Salazaro, Carrizo (del cual no explica más que su apariencia), Tutaglio o Vazquez a quienes los ven en distintos momentos detrás de un vallado increpando a la policía y eso es todo, Escobar que estaba con un cartel de Santiago Maldonado e increpaba a la policía, Sánchez de la que ni siquiera se da el lugar y Guerra que tiene una cámara de fotos en “actitud hostil”.

Más allá de lxs 22 procesadxs, hay otros 7 con falta de mérito. Esto significa que estos aun pueden ser procesados. Sólo 2 de los 31 detenidos en la represión se encuentran sobreseídos, por eso se espera el sobreseimiento de los 29 restantes.

Entre los procesados se encuentran dos comunicadores de la RNMA, Juan Mourenza y Ezequiel Medome, quienes están acusados de los cargos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, figuras utilizadas para la criminalización de la protesta social.

Quienes hacemos de la comunicación comunitaria alternativa y popular nuestra herramienta de lucha, creemos que no hay nada más intimidante que un Poder Ejecutivo Nacional, (con Nocetti y Bullrich) que utilizando la fuerza de la Gendarmería, es responsable de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Un Estado que en el contexto de una lucha, utilizó otras fuerzas de seguridad (la Policía de la Ciudad y la Policía Federal), bajo las órdenes del Poder Judicial, detener y armar causas penales, mediante el fraguado de actas.

Por eso decimos que #SalirALaCalleNoEsDelito y que #ComunicarNoEsIntimidar

Notas relacionadas:
Apelan la decisión de Di Giorgi contra los 22 detenidos en la marcha por Maldonado

#ProcesadxsPorComunicar

Democratización de la comunicación

TEATRO Y SALUD MENTAL EN EL BOLSÓN

El Bolsón (ANPP).- Compartimos la invitación que recibimos en nuestra redacción:


El Brote en El Bolsón: Taller "Arte y Parte" + Función de la obra "No está loco quien pelea"

Queremos invitarlos a participar del módulo 2 del Taller Arte y Parte que organiza el Servicio de Salud Mental del hospital El Bolsón, el grupo La Barca y grupo El Brote de Bariloche.
Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Auspiciado por  la Secretaría de Cultura de  Rio Negro. Dicho taller estará a cargo del grupo de teatro El Brote, que en sus 20 años de trayectoria genera espacios de formación teatral y de organización comunitaria desde una pedagogía inclusiva.
En este segundo módulo se abordarán técnicas del Teatro del Oprimido que utilizan el teatro como vehículo de visibilización, comunicación y  profundización de propuestas para salidas creativas a los conflictos cotidianos.
Está orientado no sólo a agentes de salud, sino también a educadores, organizaciones comunitarias, trabajadores sociales, y otros grupos humanos ya que el objetivo es crear referentes, estimulando la aplicación de técnicas y generar instancias de acompañamiento.
No es necesario haber realizado el módulo 1, ya que se hará una introducción con lo anteriormente trabajado en dicho módulo.
 
Fecha: viernes 24 y  sábado 25 de Noviembre de 2017
Horario: 9.30 a 15 hs.
Lugar: Auditorio del Instituto de Formación Docente El Bolsón(Liniers esquina Alberti)
 
Costo: $250 (Incluye taller, consumición break y entrada a obra de teatro)
Función: "No está loco quien pelea" 24 de noviembre, Centro Cultural Galeano, 21 hs.
a la obra puede asistir público que no realizo el taller con una entrada de $100
 
Reservar Inscripción enviando mail a:silviabellizio@yahoo.com.ar
                           adriana.iribarren@hotmail.com
Teléfono de contacto: 0294- 154214010 (Adriana)o

SALUD MENTAL: EL PROYECTO DE DECRETO REGLAMENTARIO AVANZA SOBRE CONCEPTOS QUE CONTRADICEN LA LEY

(RNMA).-
En estos días trascendió un proyecto de reforma por decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental que se encuentra en este momento esperando la firma del Presidente de la Nación. Desde Enredando las Mañanas nos comunicamos con Marcela Martin, trabajadora social del Hospital Colonia Santa María de Punilla, para profundizar en torno a los motivos de la preocupación que este proyecto ha generado en el sector.

Descargar audio.
Marcela es trabajadora social y desde hace 28 años desempeña su actividad en el Hospital Colonia Santa María en Punilla, a 5 km de la ciudad de Cosquín. Cuando le preguntamos en torno al proyecto de decreto de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental señala, dos cuestiones centrales en términos legislativos. En primer lugar, que efectivamente esta Ley ya fue reglamentada. Pero además, plantea que el fin de un decreto reglamentario debe ser definir “lo pragmático de aplicación de la ley. Inclusive, los artículos que están claros no son reglamentados, sólo aquellos que necesitan una aplicación práctica que sea indudable su aplicación”. Y no, como sucede con esta propuesta que se hizo pública, “operativizar nuevos conceptos que no son los que están en la fundamentación de la ley del 2010”. En términos de la profesional, avanza sobre “algunas cuestiones de fondo, no de forma” de una ley que fue producto de un fuerte debate nacional de usuarixs y trabajadorxs del ámbito, en el marco de un proceso social y colectivo intenso.
Las palabras no son inocentes: enfermxs vs. sujetos
A nivel conceptual, explica Marcela, la ley nacional es muy clara: “trata a las personas como sujetos con padecimiento subjetivo que requieren de una intervención interdisciplinaria (...) Cuando se empieza en el decreto a hablar de enfermos, ya cambiamos el concepto, porque no es un sujeto que está padeciendo en este momento una sintomatología de una crisis, sino que cuando vos catalogás de enfermo, ya etiquetás (...) ya no lo trata como un sujeto sino como una persona desvalida que requiere que se accione sobre esa situación”.
Para la trabajadora social, ese concepto de enfermo paraliza al otro y no lx reconoce como sujeto portador de derechos “que en este proceso de volver a recuperar la salud y volver a recuperar su inserción en la sociedad tiene, por ejemplo, el derecho a abogados que te representen cuando vos no acuerdes con la terapéutica que un equipo de salud de un hospital público te plantee (...), a no ser sometido, a instalar la palabra como mecanismo de vincularnos con todos aquellos sufrientes que tenemos en la sociedad, que son muchos más de los que creemos”.
Hospitales especializados vs. hospitales generales
Otro de los aspectos que preocupan en la formulación del proyecto es la mención de “hospitales especializados en salud mental y psiquiatría”. Ante esto, explica Martin, “la luz roja se enciende con más intensidad”. La perspectiva de la ley sancionada en 2010 plantea que los servicios de salud mental deben ser parte de los que proveen los hospitales generales, a la par de otros como el de cardiología, de pediatría, etc. “En ese hospital público de todos -aclara-, se plantea un área ambulatoria y con servicio de internación en salud mental. Esto es factible, está sucediendo en Argentina en muchísimos hospitales y es a lo que vamos, a integrar el concepto de la salud mental y de su recuperación en el ámbito de la salud, no en el aislamiento de un hospital especializado donde los locos son encerrados y apartados de la sociedad que los produce”.
Desmanicomializar nuestras cabezas”
Para la trabajadora social, el concepto de desmanicomialización va incluso más allá de la existencia o no de un edificio, de lo material. Se trata, nos dice, de “desmanicomializar nuestras cabezas. Desmanicomializar sería no aludir al encierro como primera instancia, sino a qué otros dispositivos alternativos le ofrecemos a una persona que está sufriendo un duelo, un ataque de pánico, un episodio de esquizofrenia, lo que sea, cualquier hospital de día, taller o residencia protegidas”.
Marcela relata que en la zona de Punilla, donde ella trabaja, hay tres residencias protegidas que dependen del Hospital, dos de varones y una de mujeres. En ellas, explica, “van, hacen las compras, vuelven, lavan la ropa, la secan, la doblan, hacen la comida, van al médico, se toman el colectivo, y eso lo sostiene el estado provincial porque hemos construido una ley”.
“Desde esa perspectiva -continúa-, nosotros entendemos la desmanicomialización como la concepción de poder atender los episodios de salud mental en los hospitales generales como cualquier otra patología y que ante la crisis, inclusive la internación domiciliaria es viable (...) para evitar la internación aguda en lo que sería una sala de cuidados especiales en un hospital general. Todos estos mecanismos plantea la ley nacional y para eso nos hace falta un presupuesto y hace falta esta mirada de la sociedad, de los usuarios y sus familiares y de los trabajadores en función de que el encierro a lo largo de los años, no solamente la ley lo evite, sino que la sociedad no aluda en primera instancia. Y apunta además, cuando aludís al encierro, al chaleco químico que implica la psicofarmacología”.
Por si fuera poco..
La profesional de la salud señala que son más las cuestiones a puntualizar en torno al proyecto de decreto. Una es la noción de “peligrosidad” o de riesgo potencial de una persona en crisis que propone el texto. Marcela plantea que ese término proviene de una perspectiva jurídica, “de vigilar y castigar, como decía Michael Foucault”. Por el contrario, desde el sector de la salud mental se habla del daño inminente para sí o para terceros que “es una persona que puede estar en una situación en donde se ponga a sí en riesgo y a otros en el marco de una enfermedad, no es peligroso, es una situación de salud”.
En segundo lugar, otra de las cuestiones a atender es que el proyecto quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y designa para esta tarea al Ministerio de Salud de la Nación. De modo que el control de aplicación de la ley estará a cargo del mismo ente que la ejerce. Además de incrementar en este órgano de control la predominancia de una perspectiva médica biológica, !que es contra lo que venimos debatiendo, que hay una sociedad en crisis, profundamente violenta, discriminadora, como es la sociedad argentina y el capitalismo en general, que necesita este chaleco químico”.
Para finalizar, Marcela Martin afirmó que desde el sector están dispuestxs a dar las discusiones de fondo que hagan falta, “porque el espíritu de la ley en vigencia no tiene mucho que ver con estas palabritas que sutilmente aparecen en el decreto y que abren estas discusiones en Argentina y la vamos a dar en todos los ámbitos que correspondan, y si hay que movilizar, nos movilizaremos”.
Red Nacional de Medios Alternativos -  rnma.org.ar
estamos en: facebook  twitter  youtube

REFORMA LABORAL: PRODUCTIVIDAD SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS TRABAJADORES


14 de noviembre(Red Eco).-
Ser "competitivos" para "atraer inversiones" es uno de los argumentos del gobierno para fundamentar la necesidad de una reforma laboral que aumente la productividad. Sin embargo, detrás del mismo se esconde el verdadero fin de esta reforma: disminuir para el empresario los "costos laborales" y asi maximizar sus ganancias que, en gran medida, son parte de los capitales que fuga año tras año. Mariano Pasi, integrante de CTA Autónoma (Capital) para Red Eco Alternativo

(Mariano Pasi, integrante de CTA-A para Red Eco ) Argentina - Las clases dominantes nos bombardean con la “imperiosa necesidad” de una reforma laboral en nuestro país, que le permita ser competitivo en el mercado mundial y así poder captar inversiones que nos lleven al progreso y bienestar general. Argumentan que dicha competitividad se alcanzará si se incrementa la productividad de nuestra clase trabajadora, y que para eso es necesario eliminar algunos “privilegios” -así se expresó el ministro Triaca- de los trabajadores.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, sino que se enmarca en una gran ofensiva global del capital contra el trabajo que tiene como objetivo el incremento constante de las ganancias del primero. Así se dieron ya reformas en España, Francia, México, Italia y recientemente en nuestro vecino Brasil.
El caso de nuestros hermanos brasileros es tomado por el gobierno argentino como un parámetro a seguir en el camino de aumentar la productividad y la competitividad, aunque no como el modelo directamente a copiar. Para clarificar un poco, es necesario señalar que la reforma brasilera lleva la relación patrón-trabajador a condiciones de trabajo propias del Siglo XIX. Entre sus consecuencias, se destaca que ahora las empresas podrán negociar directamente con los trabajadores, dejando a un lado la ley laboral. Así, por ejemplo, la duración de la jornada laboral -se habilitan jornadas de 12 hs-, los despidos, el grado de insalubridad, el salario, el régimen de trabajo, la remuneración por productividad, entre otros puntos, dependerá de lo que acuerde un trabajador con la empresa y no de un acuerdo de convenio donde participan los sindicatos, debilitando así la organización sindical y la fuerza colectiva. Es la exacerbación del contrato basura, la tercerización de los contratos laborales y la destrucción del sindicalismo como herramienta defensiva.
Volviendo a nuestro país, para discutir la pertinencia de una reforma laboral tal como está planteada, deberíamos preguntarnos qué implica aumentar la competitividad y productividad de nuestro trabajo, no en términos individuales sino colectivos. Para esto, es posible remitirse a Carlos Marx y la definición que otorga en El Capital[1] sobre los cinco factores que incrementan la capacidad productiva del trabajo: el grado medio de destreza del obrero, que implica su capacitación a lo largo del tiempo; el nivel de progreso de las ciencias, es decir, la incorporación de tecnologías para en el proceso productivo; la organización social del proceso de producción, que implica eficiencia; el volumen y la eficacia de los medios de producción, el cual depende de la incorporación de más maquinarias y herramientas; por último, las condiciones naturales.
Teniendo en mente los cinco factores antes descriptos, se puede pensar entonces cómo mejorar las condiciones de productividad de los trabajadores y quién es el que debe llevar adelante esas mejoras. Así, queda claro que, a excepción de las condiciones naturales, los restantes cuatro factores implican la inversión de capital por parte de los empresarios para generar así que los trabajadores puedan producir más y con mejor calidad. Incorporación de maquinarias y nuevas tecnologías, con una continua capacitación para su eficaz empleo son indispensables para que nuestro país mejore sus niveles de productividad y sea así más competitivo en el voraz mercado internacional.
Lo anterior permite desenmascarar las verdaderas intenciones de la reforma laboral, la cual busca disminuir derechos laborales -como en el caso de Brasil- para generar con esto una disminución en los costos de los patrones y así maximizar sus ganancias. Por supuesto, mayores ganancias no implican mayores inversiones y crecimiento económico, lo que se evidencia en las siderales cifras de fuga de capitales que año tras año sufre nuestro país, así como el estancamiento de la utilización de la capacidad industrial instalada, que oscila entre el 63 y 67% desde hace años.
Discutir incremento de productividad en nuestro país implica discutir la distribución de la riqueza. Implica reorientar el sistema financiero hacia la provisión de créditos a las PyMEs y el sector industrial en general, para ampliar la capacidad productiva e incorporar tecnología de punta. Implica fomentar la investigación científico-técnica y profundizar las políticas públicas de capacitación para nuevos oficios y roles laborales, así como para la disminución del trabajo informal. También requiere la imposición de un freno al saqueo de los recursos naturales que las empresas transnacionales se llevan de nuestras tierras.
Cabe agregar que la competitividad de la economía nacional no está ligada únicamente a la productividad de su clase trabajadora sino que también es necesario tener en cuenta la infraestructura disponible. En ese sentido, es imperiosa la puesta en marcha de un gran plan de inversiones públicas en áreas estratégicas, como podría ser la industria ferroviaria o las energías renovables. Es sabido que el desarrollo ferroviario permitiría reducir costos de transporte, así como también fomentaría la generación de empleos y tecnología nacional.
Hablar de la competitividad de nuestra economía nos permite destacar que ésta depende principalmente del modelo productivo sobre el que se apoya. En el caso argentino, su estructura agro-minera exportadora lo vuelve vulnerable a los vaivenes de los precios de las materias primas que produce. Por eso, ante la ofensiva que el capital despliega contra los trabajadores, se torna indispensable que la clase trabajadora genere iniciativa política para, en principio, correr el eje de discusión desde lo que beneficia a los patrones hacia lo que beneficia a los sectores populares; luego, romper los discursos falaces que buscan profundizar la precarización laboral; y finalmente, poner en discusión el modelo productivo nacional y la distribución de la riqueza producida socialmente. Sólo así podremos frenar esta nueva embestida contra nuestro pueblo.

[1] Marx, Carlos;  El Capital, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2000

COMUNICADO: 6 DE DICIEMBRE, JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Buenos Aires, martes 14 de noviembre de 2017

Jornada Nacional de Lucha
6 de diciembre:
la CTA Autónoma movilizará de Congreso a Plaza de Mayo contra la reforma laboral


En una reunión multisectorial donde estuvieron presentes referentes de un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de abogados laboralistas, se acordó realizar una Jornada Nacional de Lucha con paros, movilizaciones y cortes en todo el país. En tanto, en Capital Federal se realizará una concentración frente al Congreso Nacional a partir de las 16 para marchar a Plaza de Mayo

Esta reunión fue convocada por la conducción de la Central luego de la resolución tomada en la última reunión del Consejo Ejecutivo Nacional de la Central, que se realizó el jueves 9 de noviembre en la sede nacional (Perón 3866), donde se había decidido la realización de una medida de fuerza y la convocatoria a otras organizaciones del campo popular.

Durante tres horas de debate y plenario en el Salón Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA Autónoma), los compañeros y compañeras presentes acordaron sobre la necesidad de avanzar en un plan de lucha para frenar las medidas de ajuste de este gobierno, que incluye: reforma laboral, previsional, educativa y de salud.

Por eso se decidió una Jornada Nacional de Lucha el próximo miércoles 6 de diciembre, con paros movilizaciones y cortes de ruta, que incluye una marcha a Plaza de Mayo. Asimismo se definió salir a la calle el día que vaya a ser tratada la Ley en alguna de las cámaras.

Entre las organizaciones presentes en la reunión se destacan: CTA Autónoma, ATE, AAPM, CONADU Histórica, FESPROSA, CICOP, Ademys, Trabajadores del Cuero, UCRA, AGD-UBA, Aceiteros, Sipreba, Asociación de Abogados Laboralistas, CTEP, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Ferroviarios seccional oeste, SITRAIJ, FUBA, SUTNA, representantes de juntas y comisiones internas de sindicatos, entre otros.

LA RESPUESTA DE LOS TERRITORIOS A LOS CONFLICTOS GENERADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

14 de noviembre(Mapuexpress).- El Banco Interamericano de Desarrollo (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) es miembro del Comité de Coordinación Técnica y uno de los motores principales para la implementación del IIRSA a través de préstamos, donaciones, garantías y asistencia técnica para la infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones relacionadas principalmente  de manera directa o indirecta, con la explotación extractivista de empresas y transnacionales en diferentes territorios de Sudamérica a través de ejes estratégicos sin fronteras o como lo que se ha denominado desde los 90 en la geopolítica transnacional “Regionalismo abierto”, basada en la globalización económica y que ha contribuido a un disipado crecimiento.
Para académicos internacionales como:  Ana Esther Ceceña - Paula Aguilar - Carlos Motto, en su publicación “Territorialidad de la dominación. IIRSA”, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,  este plan  en Sudamérica “es el proyecto más ambicioso de ordenamiento del territorio que se haya desarrollado en el mundo. Mediante el trazado de rutas multimodales (hidrovías, carreteras, vías ferroviarias) la enorme masa territorial de América del Sur pretende ser refuncionalizada de acuerdo con las exigencias de un mercado mundial ávido de recursos (…)  A las fronteras actuales se sobrepondrán otras, diseñadas para asegurar la movilidad de capitales y mercancías o, incluso, de tropas y pertrechos militares que garanticen el respeto a la propiedad privada, sin importar que ésta se haya establecido desplazando a los habitantes originarios de estas tierras”.
Buena parte del plan IIRSA, pauteado desde Washington,  se relaciona directamente con el territorio Mapuche de Wallmapu (Puelmapu, territorio mapuche este, centro sur Argentina / Ngulumapu, territorio mapuche oeste, centro sur Chile). Desde este lado de la cordillera, involucra directamente zonas como Lonquimay Pino Hachado para conexión de puertos como Talcahuano con el principal objetivo de facilitar la salida del petróleo y fracking de Provincias como Rio Negro y Neuquén en Argentina. Asimismo, es posible relacionar las  mejoras en infraestructuras viales en zonas cordilleranas de la Araucanía como Curarrehue – Pucón – Liquiñe/Coñaripe Panguipulli que estarían vinculándose “anexamente” al plan original. Por su parte, también involucra el paso Puyehue cardenal Samoré en Osorno, estableciéndose para conexiones varias, incluyendo hacia Puerto Corral entre otros. Otro paso clave que se ha establecido es el de Puelo – Manso al oeste sur de Los Lagos – Llanquihue que estaría vinculado a yacimientos mineros en Palena (Chile) y Chubut (Argentina), así como con todo el extractivismo especulativo que se pretende en Chiloé. De la misma forma,  la conexión del paso internacional en Aysén y conexión con camino Longitudinal Austral hasta Magallanes vinculado a Argentina.
EL BID Y EL FOMENTO DE LAS LLAMADAS ENERGÍAS RENOVABLES
Es importante destacar, que el enorme aumento de cientos de proyectos de energía en el centro sur de Chile (hidroeléctricos y eólicos) y la conectividad a través de diversas líneas de alta y mediana tensión, están relacionados para la exportación a extractivismo en Argentina y para  futuros proyectos mineros  en el centro sur de Chile, lo que buscará blindarse por medio del reciente tratado de libre comercio suscritos por los gobiernos de Macri y Bachelet en noviembre de este 2017.
Dentro de la intensificación de las políticas neoliberales en Chile, adecuándose a los criterios IIRSA, está el de un mayor fomento de lo que denominan ERNC  (Energías renovables no convencionales) tales como: Eólica, mini centrales hidroeléctricas y centrales de paso hidroeléctricas (centrales hasta 20 MW), la biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la energía de los mares.
Para Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), en base a capacidad Instalada de producción de energía en Chile y en comparación a la demanda máxima horaria para los sistemas de interconexión  SIC y SING, se puede concluir que tenemos una capacidad instalada para producir más del doble de la electricidad  en días de máxima demanda (…) Se entiende que para que el sistema tenga un respaldo y se pueda atender  en un 100% la demanda energética, que es variable en las distintas horas del día y en distintas épocas del año, se requiere  una capacidad instalada superior a la demanda real, por los imprevistos, mantención, factor de potencia etc., pero claramente en este caso la capacidad instalada está largamente sobre dimensionada. No hay crisis de abastecimiento a la vista”.
A esta realidad se debe considerar que en Chile existen cientos de proyectos de energía y actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de instituciones como CORFO y en coordinación con instituciones públicas como el Ministerio de Energía, vienen implementando previamente a la ventanilla  de “postulaciones públicas” planes pilotos distribuidos en ciertos territorios y que buscan generar asociaciones de personas  de sectores rurales o localidades para la ejecución de iniciativas industriales, siendo una de sus  principales áreas el de energías renovables a través de instancias como el Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES) que se vincula a Corfo.
Ya en diciembre de 2016 organizaciones denunciaban que en el Alto Bio Bio, sectores empresariales promovían estos fondos y proponían la asociatividad de miembros de comunidades pewenche con empresas con el propósito de ejecutar conjuntamente mini centrales hidroeléctricas.
De manera mucho más directa, comunidades mapuche williche y la Alianza Puel Willi Mapu salieron al paso de las promociones efectuadas por el BID, CORFO y Ministerio de Energía, denunciando a través de un comunicado público en enero del 2017  sobre el levantamiento de una Asociación Indígena denominada “Consejo Territorial del Lago Maihue” para que “participe en un proyecto piloto modelo del Ministerio de Energía, CORFO, y el Banco Interamericano de Desarrollo como co-dueño de derechos de agua y una central hidroeléctrica”, lo que es rechazado por diversas familias, comunidades y autoridades tradicionales vinculadas a la Alianza.
Como consecuencia de este comunicado, un consultor vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Energía a través de la empresa consultora Teco, presentó una querella criminal por injurias en contra del medio Mapuexpress por publicar dicho comunicado, aludiendo ser ofendido, sin atenderse el conflicto de origen.
En julio en los inicios de las audiencias en el marco de la querella contra el medio Mapuexpress, cerca de un centenar de personas  en su mayoría pertenecientes a diversas organizaciones, agrupaciones y comunidades defensoras de los territorios y opositoras al modelo extractivista, entre ellas: La Alianza Territorial PuelWillimapu, el Parlamento de Koz Koz de Panguipulli,  Lof Trankura de Curarrehue, Comunidad Newen Tranguil de Liquiñe - Panguipulli, la Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía y Los Ríos, la Coordinadora de Organizaciones de Derechos Humanos de Temuco, la Red de medios de los Pueblos, la Asociación Mapuche Rukamanke, Lof Quelhue de Pucón, organizaciones de Chiloé, entre otros,  repudió esta criminalización a través de una protesta pública en Tribunales de Temuco y ha denunciado que detrás de esta acción penal “privada”, está el conflicto que viene generando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e instituciones estatales a causa de políticas atentatorias y que están activamente rechazadas.